El término »escala comercia» hace referencia a la falsificación dolosa de marcas y la piratería perniciosa a los derechos de autor. Se entiende por “piratería” la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos.
El portal de la UNESCO en línea puntualiza que la piratería afecta a obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales.
Tradicionalmente, la piratería consistía en la reproducción y distribución no autorizadas, a escala comercial o con propósitos comerciales, de ejemplares físicos de obras protegidas. No obstante, el rápido desarrollo de Internet y la utilización masiva en línea, no autorizada, de contenidos protegidos, en la que con frecuencia no existe el elemento “comercial”, han suscitado un intenso debate.
La “ley SOPA” (Stop Online Piracy Act), acta de cese a la piratería en línea, suscitó polémica a escala mundial. Las previsiones del proyecto de prevención de la escala comercial incluyen la solicitud de una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda.
Incluye además la posibilidad de conseguir una orden judicial para que los proveedores de Internet bloqueen el acceso al sitio infractor. El debate surgió entorno a definir cuáles eran los límites del usuario en su navegación habitual, así como hasta qué punto era permisible la libre difusión de contenidos por la web.
El derecho internacional trabaja en la penalización de las violaciones a sitios de intercambio y descarga ilegal de contenidos, a causa de software especializado y de libre acceso a los usuarios ha sido complicado tipificar los delitos y sancionar a los infractores. Sin embargo estos castigos dependen de cada nación y sus leyes.
En 2012 México firmó el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA) junto con Japón, para combatir de manera más eficiente la piratería y las violaciones al derecho de autor en Internet. El acuerdo busca detener la distribución masiva por medios digitales de contenido ilegal y de productos pirata.
El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) remarcó que el ACTA busca proteger los derechos de autor de los mexicanos, así como eliminar la escala comerciar, para atraer inversiones y generar fuentes de trabajo formal a través de una mayor competitividad para las empresas.
Adair Rodríguez Angeles
UTEL Editorial